Derecho a reparar, la rara victoria del consumo

La legislación de la UE obliga a las empresas a proporcionar manuales de reparación y restringir los productos que no se pueden reparar.

En los últimos meses de un 2020 asolado por la pandemia, el Parlamento Europeo llevó a cabo un paso ambicioso para abordar el problema de los millones de toneladas de desechos electrónicos que la UE produce anualmente al votar a favor del ‘derecho a reparar’. Una ley que nos dará más influencia a los catalanes a la hora de comprar, ya que será menos probable que nos digan que “no vale la pena arreglar un producto y que mejor compremos uno nuevo”. Los manitas y las manitas de toda Cataluña tienen un motivo para celebrar.

España por sí sola produce desechos de más de 900.000 toneladas al año, 20 toneladas per cápita y el quinto país de la UE. Con solo 200.000 toneladas de este residuo electrónico recogidas, menos del 21%, debido a su bajo valor y dificultad de reciclaje.

Un paso histórico que aprobó la resolución con 395 votos a favor y solo 94 en contra, con 207 abstenciones y que debería entrar en vigor en la primavera de este año.

¿No más tornillos pentalobe y tri-wing?

La introducción de un sistema de “derecho a reparar” legalmente vinculante obligará a los fabricantes de electrodomésticos, y eventualmente de otros productos electrónicos incluidos teléfonos inteligentes, tabletas y PC, a proporcionar repuestos durante un mínimo de siete a diez años, según el producto. También se les pedirá que emitan manuales de reparación y se aseguren de que se puedan reparar con las herramientas comúnmente disponibles, por lo que en unos años podemos decir adiós a la larga lista de tornillos con misteriosos nombres que usan algunas marcas de teléfonos móviles para que sea casi imposible desmontar sus dispositivos con destornilladores disponibles en cualquier ferretería.

Sobre esta base, también se pide a la Comisión de la UE que “desarrolle e introduzca un etiquetado obligatorio para proporcionar información clara, inmediatamente visible y fácil de entender a los consumidores sobre la vida útil estimada y la capacidad de reparación de un producto en el momento de la compra”.

De la misma manera que la Directiva sobre etiquetado energético adoptada en julio de 2017 tiene como objetivo proporcionar una indicación clara y simple de la eficiencia energética y otras características clave de los productos en el punto de venta para que los consumidores puedan realizar una compra informada con el fin de ahorrar dinero en sus productos y en sus facturas de energía al mismo tiempo que contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, se espera que esta nueva legislación ayude a disminuir el problema de la obsolescencia prematura al tiempo que logra un compromiso entre los fabricantes y los reguladores que, en última instancia, puede beneficiar al consumidor y al medio ambiente.

Francia muy por delante del pelotón

Tras una votación del gobierno francés a finales del año pasado para introducir un índice de reparabilidad en productos de tecnología de consumo, Francia implementó las nuevas reglas en enero de 2021. Un conjunto de decretos que incluyen un mandato para informar al consumidor sobre la posibilidad, o no, de reparar un producto. Fue el primer país en hacerlo.

Apple, que junto con Amazon, Google y Facebook fueron objeto de una audiencia antimonopolio de tecnología por parte del Comité Judicial de la Cámara de los Estados Unidos que a menudo estaba en conflicto sobre su postura en relación al derecho a reparar, fue una de las primeras compañías en publicar índices de reparabilidad para sus iPhones y MacBooks, mucho antes del final de la fecha límite de 2021.

El índice no solo ayudará a los consumidores a obtener una mejor relación calidad-precio, sino que también debería aumentar la vida útil de estos bienes duraderos que hasta ahora a menudo se tratan como consumibles desechables, al mismo tiempo que crea competencia adicional entre los fabricantes que aspirarán a obtener las mejores calificaciones en la escala de reparabilidad.

Existen planes para aumentar su alcance e implementar un sistema de puntuación de durabilidad obligatorio basado en la reparabilidad y solidez de los materiales que debería entrar en vigencia en 2024.

Demasiado exigente o no lo suficientemente exigente

Al igual que con cualquier nueva ley, especialmente en lo que respecta a la sostenibilidad y el medio ambiente, es probable que haya lados opuestos que afirmen que las nuevas medidas son insuficientes o demasiado draconianas. Este caso no es diferente y el alcance de esta nueva legislación será un proceso lento antes de que cubra todos los dispositivos de consumo y probablemente enfrentará una serie de barreras burocráticas y hostilidad por parte de los fabricantes.

Una de las varias salvedades es el acceso a manuales de reparación y repuestos que estarán disponibles gratuitamente para los reparadores profesionales aunque no durante los dos primeros años de lanzamiento del producto pero restringidos para los consumidores y los reparadores no profesionales, lejos del todavía utópico derecho universal. Reparar. Un factor clave del que los fabricantes pueden abusar fácilmente al considerar lo que se necesita para ser certificado como reparador profesional.

Además, los fabricantes solo están obligados a proporcionar piezas de repuesto en un plazo de quince días laborables, un período de tiempo bastante irrazonable para alguien que espera a que se repare su frigorífico o lavadora.

Y empeora cuando se trata de soporte de software, ya que los fabricantes no están obligados por ley a brindar asistencia ni actualizaciones durante la vida útil de un producto. Algo que vale la pena considerar cuando vivimos en un mundo digital donde todo parece tener un chip y un software interconectados a través del IoT.

Los fabricantes y sus partidarios políticos de la derecha liberal y conservadora que defendían la desregulación hicieron todo lo posible por debilitar algunas de las disposiciones, pero finalmente perdieron la votación sobre la obsolescencia, aunque solo sea por un pequeño margen. Eso no quiere decir que este sea el final del camino, sino simplemente el comienzo de un largo viaje que probablemente enfrentará muchos obstáculos en el camino.

Sin duda, se utilizarán políticas anti-manipulación, leyes de propiedad intelectual, leyes de derechos de autor y esquemas de garantía ‘nulos si se abren’ para tratar de eludir parte de esta legislación, pero no debemos perder de vista la importancia de esta ley pionera. Quizás solo sea un pequeño primer paso, pero con tanto en juego y cuando se trata de la sostenibilidad ambiental de nuestro planeta, un pequeño paso del que no podemos permitirnos prescindir.